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Nº 6 : LA LEY DE CALIDAD |
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EditorialSombras y luces El balance educativo de 2002, un año sin duda intenso, con bastantes sombras y algunas luces muy esperanzadoras, tiene un protagonista inevitable, la Ley de Calidad. Mas allá de todas las dudas y recelos que pueda suscitar, esta ley tiene el valor innegable de llegar en un momento en el que la comunidad educativa clamaba al unísono por la necesidad de efectuar cambios en el sistema y poner remedio a muchos de sus problemas. Por eso, y por las soluciones pedagógicas que aporta, hay que dar la bienvenida a los cambios globales que introduce. Como también hay alegrarse de que haya universalizado la gratuidad de la educación infantil, respaldando iniciativas como la de Aragón, que este año ha concertado esta etapa educativa. Pero también ha habido sombras, y quizá una de las más desmoralizadoras ha sido la reedición de la llamada "guerra escolar". El empeño de algunos en criticar al Gobierno utilizando a la escuela concertada como arma arrojadiza ha sido la causa última de que se abriera una brecha profunda en el sistema educativo. La libertad ideológica que algunos han solicitado no pasa por eliminar a la enseñanza concertada, sino por reconocerle su pleno derecho a existir en complementariedad con la pública, ya que ofrece un servicio de iniciativa social muy demandado. El enfrentamiento que ha protagonizado el devenir del 2002 responde a una táctica premeditada cuyas consecuencias no podían ser buenas: se ha impedido el imprescindible consenso, se ha hecho un flaco favor a la escuela pública y se ha puesto de manifiesto la incongruencia de quienes piden a gritos el consenso a nivel nacional, pero a nivel autonómico, cuando depende de ellos, tan cacareado diálogo se convierte en acoso y derribo de la escuela concertada. Que pregunten en Andalucía, Asturias o Extremadura. Sin embargo, la sombra más oscura, quizá por ser la más dolorosa, es la que se ha formado a base de desprestigio y acusaciones contra la escuela católica concertada por no escolarizar inmigrantes. Se han utilizado argumentos engañosos para reforzar esta idea, pero no se ha mencionado que la situación actual de la heterogénea distribución de inmigrantes es fruto de la aplicación de la normativa vigente. Por un lado, fija un criterio de proximidad geográfica al centro escolar a la hora de escolarizar a los alumnos, lo que provoca que algunos colegios reciban gran cantidad de inmigrantes y otros prácticamente ninguno. Por otro, el coste de los niveles no concertados en los centros, de momento imposible de asumir por estas familias. Por eso es imprescindible eliminar esas barreras "oficiales" y no establecer condición geográfica alguna al acceso de un alumno a un colegio, como ya sucede en algunos países de la UE. Y, por supuesto, equiparar las financiación de los colegios privados con la de los públicos. Por ideario y por coherencia con su compromiso educativo, los centros católicos concertados no sólo no rechazan alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales, sino que manifiestan su deseo de integrarlos y reclaman que se abran los cauces que lo permitan. Ha terminado un año y empieza otro. Se nos plantean nuevos retos, estamos en un momento de cambio y tenemos que ofrecer un modelo educativo de calidad que se debe enriquecer con nuevas reflexiones, orientaciones, experiencias y aportaciones; y obligación de todos es estimular y acompañar este proceso. Manuel de Castro Barco, secretario general de FERE
LA LEY DE CALIDAD ENTRA EN ESCENA
El Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza el 19 de diciembre de 2002. Sólo los votos a favor del PP y Coalición Canaria permitieron que la LOCE siguiera adelante a pesar de las fuertes críticas de la oposición, que ha mantenido hasta el final un tono beligerante y que ha usado altavoces como las movilizaciones estudiantiles para hacer más ruido. Tras el debate, CiU insistía en su propósito de recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional y advertía que ésta quedaría "patas arriba". Por su parte el PSOE hablaba de "obscenidad e insólita provocación", pero la Ministra de Educación no se dejó amilanar y aseguraba satisfecha que el día 19 era "un día de alegría y esperanza". La opinión de FERE En cualquier caso, la LOCE ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 24 de diciembre y deberá se aplicada progresivamente en un período máximo de cinco años, tal y como se establece en el texto legislativo. FERE valora de forma positiva los cambios globales que introduce en el sistema educativo, especialmente la ampliación de la concertación de la educación infantil, aunque no deja de reconocer cierta preocupación por algunos de sus aspectos. Uno de ellos es la autonomía de centros, insuficientemente reconocida aún cuando es, obviamente, uno de los principales factores de calidad.
Manuel de Castro Barco, secretario general de FERE, ha asegurado que ésta "se compromete, como ya ha hecho con las leyes anteriores, a promover en sus centros la mejor aplicación posible de la LOCE, en beneficio de la calidad educativa por la que siempre ha optado. Es el momento de ponerse a trabajar y dejar a un lado las confrontaciones estériles que nos han vuelto a impedir desarrollar un debate sereno y enriquecedor y que se han utilizado como estrategia política hasta el último momento. Es lamentable que en toda la democracia española, con gobiernos de todo signo, nunca haya sido posible lograr un pacto en materia tan trascendente como es la educativa. Es imprescindible volver a la unidad de la comunidad educativa porque todos queremos el bien de los alumnos. No se trata de obtener beneficios personales ni de aprovechar coyunturas preelectorales que al final no redundan en el bien de los ciudadanos". Eso es, hay que ponerse a trabajar y dejarse de peleas estériles y críticas injustas. La enseñanza concertada tiene iguales obligaciones e iguales derechos que la pública porque forma parte del mismo sistema educativo. Y así como siempre ha aplicado las leyes y normativas dictadas por el Gobierno y el Consejo Escolar, tiene derecho a convivir con la enseñanza pública y a que se respete y reconozca su labor educativa. Así pues, pongámonos a trabajar para lograr la mejor aplicación de la Ley y beneficiar así a nuestros alumnos. Victoria Moya
PUNTOS BÁSICOS DE LA LEY DE CALIDAD
Ya tenemos el resultado de la última encuesta que os hicimos sobre la violencia en las aulas y cómo ésta afecta a alumnos y profesores. Veíamos que el Código Penal francés contempla penas de hasta seis meses de cárcel para los alumnos y los padres que agredan a un profesor, una medida rotunda que, sin embargo, sólo ha sido rechazada,por desproporcionada, por un 3% de los encuestados; un dato insignificante frente al 24% que se ha mostrado de acuerdo. No obstante, la mayoría se ha decantado por adoptar medidas menos drásticas; es decir, puede que en general se considere desmesurada esta respuesta al problema de la violencia escolar, pero lo que es indudable es que hace falta una respuesta. La opinión sobre la decisión del El Reino Unido de revisar los antecedentes penales de todos los profesores es menos unánime. Algo más del 40% cree que ésta es una buena medida y casi el 56% la tacha de exagerada porque vulnera el derecho a la intimidad. Y es que, aunque sabemos que es imprescindible velar por la seguridad de los niños, tampoco hay que renunciar al derecho a la propia intimidad. En definitiva, la mayor parte de vosotros considera que no es necesario que el Gobierno español adopte de momento este tipo de medidas (49,3% y 56,8%); si bien hay un porcentaje nada despreciable que opina lo contrario (44,1% y 34,7%). Unas respuestas que revelan que, por el momento, España se ha librado de las situaciones extremas, pero que el problema ya se está dando y es necesario encontrar soluciones. Es entonces el momento de la prevención para evitar males mayores.
1. El Código
Penal francés contempla penas de hasta seis meses de cárcel para los
alumnos y los padres que agredan a un profesor, ¿qué opinión te
merece esta medida?
2. El Reino Unido ha revisado los antecedentes penales de todos los profesores después del asesinato de dos niñas a manos de una maestra y un conserje, ¿ cuál es tu opinión al respecto?
3. ¿Crees que sería necesario que el Gobierno español adoptara este tipo de medidas?
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