30 de septiembre de 2003

La investigación resalta que la tasa de paro se reduce a medida que suben los niveles educativos y la buena formación elimina obstáculos en la carrera hacia el empleo

MADRID. El futuro del mercado laboral es más claro para las personas académicamente preparadas. Una afirmación que se desprende del estudio «Cambio sectorial y desempleo en España», realizado por la Fundación BBVA, en el que, a través del análisis de los vaivenes experimentados por la tasa de desempleo desde los años setenta, se establece una proyección de la demanda de trabajo hasta el año 2006. Y en esa prospectiva prima el número de empleos reservados para universitarios -se crearán entre 800.000 y 1.150.000 puestos de trabajo, entre diplomados y licenciados- y para personas que hayan obtenido el título de Bachiller o estudios equivalentes.

Los resultados de la investigación, dirigida por el catedrático de Política Económica, Juan Ramón Cuadrado, y el profesor Carlos Iglesias, ambos de la Universidad de Alcalá de Henares, son taxativos al establecer una relación inversamente proporcional entre el desempleo y la formación académica: los individuos con mayores credenciales educativas se enfrentan a menores tasas de paro.

Los universitarios, según el estudio, tienen razones para el optimismo ya que se estima que se crearán entre 500.000 y 700.000 empleos en los próximos tres años para los estudiantes procedentes de carreras de ciclo largo (liceniaturas, ingenierías y arquitectura superiores) La oferta para diplomados oscilará entre los 300.000 y 450.000 puestos de trabajo. Pero la cuestión más innovadora de la investigación estriba en los buenos augurios para el futuro laboral de las personas que posean un título de Bachiller o similares, por tratarse de la categoría en la que se va a registrar un mayor número de jubilaciones entre 2000 y 2006, motivo por el que esta etapa educativa encabeza la clasificación de las futuribles necesidades de empleo de acuerdo con el nivel de estudios.

En segundo lugar de ese «ránking» se sitúa la Educación Terciaria. Los módulos profesionales de nivel superior y las titulaciones universitarias ostentarán una línea ascendente de creación de puestos de trabajo, teniendo más posibilidades las carreras más largas.

El estudio demuestra igualmente que se producirán más empleos para las profesiones asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario relacionadas con la enseñanza, y para los estudios de primer ciclo universitario de Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas e Ingenierías. También existirá una importante oferta de empleo para los técnicos de estas mismas especialidades, los profesionales de apoyo en operaciones financieras y comerciales, así como en el sector de la gestión administrativa.

En el extremo contrario se sitúan los niveles educativos más bajos. Analfabetos, por una parte, y estudios primarios, por otra, presentan en la investigación necesidades de empleo negativas e, incluso, con el paso de los años, llegarán a protagonizar cifras de destrucción de empleo.

Tendencia acentuada en el tiempo

Desde 1977, fecha de comienzo del estudio, el mercado de trabajo español ha estado marcado por un intenso cambio en los requerimientos educativos en favor de los niveles superiores. Una pauta que va «in crescendo» a medida que se avanza en el tiempo puesto que, mientras en el año 2000, la tasa de desempleo de los trabajadores con experiencia sin estudios era del 18,7 por ciento, el mismo dato para los universitarios españoles era del 5,9 por ciento, con casi 13 puntos de diferencia. En 1977, sin embargo, la brecha que separaba a ambos sectores era de apenas 4,3 puntos. Cifras que conducen al estudio a concluir que serán tanto las actividades terciarias como las tareas no manuales de alta cualificación las que predominen en la estructura profesional de nuestro país hacia el año 2006.

30 de septiembre de 2003

La incorporación de la mujer al mundo laboral y las distancias entre el hogar y el centro educativo ha traído consigo que muchos niños deban comer en el colegio

MADRID. Acaban de concluir las clases de la mañana en un colegio del extrarradio de Madrid. Gritos y risas infantiles llenan los pasillos y las escaleras del centro. Un numeroso grupo de niños se dirige bajo la atenta mirada de dos profesores hacia el comedor. Marcos, de siete años, es uno de los alumnos que come en el colegio ya que los horarios laborales de sus padres no coinciden con los de la escuela. Ya en el comedor, con buen apetito, degusta un menú compuesto por crema de verduras, pescado con guarnición de ensalada y fruta. Como Marcos, decenas de miles de niños españoles almuerzan en el colegio.

Ocurre que los nuevos hábitos familiares y laborales y las distancias entre el hogar y el colegio han hecho cobrar a los comedores escolares un destacado protagonismo en la salud y en la educación de los más pequeños. Los expertos resaltan la importancia de este servicio, porque la edad escolar es una etapa decisiva para fomentar la adquisición de conocimientos y hábitos alimenticios que perdurarán en la vida adulta. Ciertamente, los padres se involucran cada vez más en este objetivo y su participación es positiva, aunque echan de menos normas específicas para fortalecer el papel de los comedores en la formación integral de los pequeños.

La principal finalidad de los comedores escolares es desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado; garantizar una dieta sana y rica que favorezca la salud y el crecimiento; desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia y favorecer la continuidad de la jornada escolar con actividades complementarias y extraescolares. En los centros públicos, se entiende como un servicio gratuito para el alumnado que, obligatoriamente, tiene que desplazarse de la localidad de residencia y para aquellos niños procedentes de familias que tiene trabajos itinerantes y, ahora, también para los inmigrantes que lo precisen. Su precio medio autorizado es de 97,06 euros al mes. Las Administraciones educativas promueven diferentes programas de becas de comedor que se adjudican de acuerdo con varios criterios.

¿Cómo se organizan los comedores escolares? En realidad, no existe una normativa básica específica sobre comedores escolares. No obstante, las Autonomías han comenzado a aprobar su propia norma al respecto. Así, Madrid, el País Vasco, Aragón, Andalucía, Galicia o Canarias, entre otras, regulan el servicio con bastante precisión. En general se aplica la legislación sobre comedores colectivos en lo que se refiere a higiene y distribución de comidas preparadas.

El servicio lo prestan empresas del sector de restauración. En los centros públicos es una adjudicación y en los privados un contrato mercantil. Algunos centros cuentan con cocina propia donde se elaboran los menús; otros se deciden por la modalidad de platos preparados en las cocinas centrales de las empresas adjudicatarias o contratadas que los transportan para servirlo a los comensales, con las debidas garantías sanitarias. Según la Federación de Asociaciones dedicadas a la Restauración Social (Feadrs), «los sistemas de control de calidad son cada vez más exhaustivos», ya que a las inspecciones mensuales de las empresas, se añaden otras realizadas por laboratorios independientes. Además, las Administraciones

llevan cabo al menos cada trimestre diferentes controles. En cualquier caso, es preferible que el menú, que es acordado por el Consejo Escolar del centro y la empresa que presta el servicio, se elabore en la propia cocina del colegio, asegurando así que los niños tomen los alimentos recién hechos.

Los niños españoles comen en el colegio una media de 165 días al año y el menú escolar representará entre el 30 y el 35 por ciento de las necesidades energéticas diarias, por lo que el equilibrio debe ser un criterio fundamental al elaborarlo. Un menú tipo contiene unas 900 kilocalorías y, en un mes, los más pequeños consumen en los centros educativos una media de 51,7 por ciento de hidratos de carbono, un 32,5 por ciento de lípidos, un 15,8 por ciento de proteínas y un 7,7 por ciento de grasas saturadas.

Conviene recordar en este punto que los niños españoles no están adecuadamente alimentados, ya que, según los últimos datos sanitarios, el 45 por ciento de ellos tiene sobrepeso y el 15 por ciento padece obesidad. Además, también aparecen en edades más tempranas trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia.

En el proceso, hay que tener en cuenta las diferencias energéticas y nutrientes de cada edad. Entre 4 y 12 años, el crecimiento es lento y uniforme. Por tanto, la alimentación deberá ir encaminada a conseguir un crecimiento adecuado a cada edad. La adolescencia comienza a partir de los 12 años en las niñas y algo más tarde (generalmente a los 14) en los niños. En esta etapa hay que adecuar la alimentación a las necesidades de cada uno y cubrir las que añade el crecimiento. Un menú escolar debe contener como primer plato verduras, pasta o arroz y legumbres. El segundo plato deben incluir carne, pescado, huevos y ensaladas o verduras como guarnición. En el postre, se tomarán lácteos y/o frutas. Los expertos recomiendan huir de los dulces y de la bollería industrial; asimismo, se deben evitar salsas y fritos. La bebida recomendada es el agua.

Vigilancia y tutela

Sobre la conexión entre la familia y la escuela para que este servicio cumpla sus funciones, la Confederación laica de padres Ceapa considera que deben extremarse los controles, porque «como los servicios son ajenos al centro y no existe un control, es difícil controlar si se siguen las pautas nutricionales», según explica su vicepresidenta, Pilar Triguero, quien reclama una normativa básica con el fin de garantizar que el comedor cumpla su finalidad educativa y no se quede en un mero servicio alimentario.

El vicepresidente de la Confederación católica Concapa, Luis Carbonel, también apoya una normativa homogénea para que establecer una dieta mediterránea y para que el comedor sea una escuela de salud y de buenos modales. Además, Carbonel entiende que debe ser un medio para fomentar valores como la amistad, la solidaridad o el compañerismo.

Los niños deben estar vigilados antes, durante y después de las comidas; los cuidadores deben prestar una especial atención a la labor educativa del comedor y desarrollar las actividades educativas y recreativas.

Implantar la dieta mediterránea

La normativa sobre comedores colectivos y las normativas autonómicas sobre comedores escolares establecen que el menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio, alumnos, profesores o personal no docente. En este sentido, no se hará excepción alguna salvo para quienes sufran determinadas patologías. La legislación vigente establece que se ofrecerán menús alternativos para aquellos comensales que, por prescripción médica, requieran un menú especial o tengan intolerancia a algunos alimentos. En estos casos, los interesados han de presentar el correspondiente dictámen médico en el centro. Las Administraciones han comenzado a promover, mediante convenios con fundaciones relacionadas con la nutrición, el envío a los centros de orientaciones dietéticas adecuadas, para que la organización de los menús responda a una alimentación sana. Se trata de implantar la dieta mediterránea, reducir las grasas e incrementar los cereales y las legumbres. Con la llegada de inmigrantes de diferentes culturas, ha comenzado a suscitarse la necesidad de establecer reglas para que estos niños puedan alimentarse según sus creencias.

30 de septiembre de 2003

El programa social que prepara el PSOE como oferta electoral para el próximo mes de marzo también reserva un espacio destacado a mejoras en la educación pública.

Las propuestas principales sobre las que trabajan estos días los socialistas son las que siguen:

- Apertura de colegios. El PSOE defiende "la apertura de los centros docentes durante 11 meses al año, siete días a la semana y 12 horas al día. Además, los centros de atención a discapacitados psíquicos con minusvalía superior al 20% tendrán consideración de Escuelas de Educación Especial, con independencia de la edad del discapacitado, siendo en estos casos gratuitos.

- Escuelas infantiles. La falta de plazas públicas de escuelas infantiles para niños de cero a tres años afecta a muchas comunidades autónomas de España. Por ese motivo, el PSOE propone "poner en marcha una red de escuelas infantiles, sostenidas con fondos públicos, que consiga atender a los niños de entre cero y tres años hasta cubrir, en los próximos dos años, las necesidades de 250.000 familias".

- Atención especial. "Establecer un fondo estatal para que los ayuntamientos, en coordinación con los centros y las APAS, puedan atender a los alumnos que lo necesiten antes y después del horario lectivo, y organicen durante el tiempo no lectivo actividades diversas, relacionadas con la enseñanza de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, talleres de lectura, la informática, el deporte, las artes y la música".

- Escolarización de minorías. "Garantizar el cumplimiento de la obligación legal de todos los centros sostenidos con fondos públicos de escolarizar de forma solidaria y equivalente a alumnos procedentes de minorías étnicas o culturales, o que tengan necesidades educativas especiales". En muchas grandes ciudades, el porcentaje de alumnos inmigrantes de los centros públicos es muy superior al de los centros privados subvencionados por la administración pública.

- Educadores sociales. "Establecer en los centros de personal especializado, y al menos, de un educador o trabajador social que haga de puente entre el centro escolar y la familia, para aquellos casos en los que se den dificultades de aprendizaje, o cuando lo aconseje la situación de la familia".

MADRID 30 de septiembre de 2003

El porcentaje de aptos en la convocatoria de junio fue del 85%

Sólo el 60% de los 8.225 estudiantes que se han presentado en septiembre a la repesca de la selectividad ha pasado la prueba. Algunos habían suspendido en la convocatoria de junio y otros ni pudieron presentarse por no tener superado el bachillerato LOGSE o el COU. El mayor porcentaje de aprobados se da entre los examinados en la Universidad Carlos III (un 63%) y el menor, en la Politécnica (un 55%). En la convocatoria de junio hubo muchos más aprobados: un 85% de los 24.880 alumnos presentados entonces. Portavoces de la Consejería de Educación creen que este mayor porcentaje de suspensos en septiembre se debe a que "los alumnos suelen llegar a esta repesca, salvo excepciones, peor preparados y menos motivados".

"Los exámenes son similares en una y en otra convocatoria, y también los tribunales, por lo que la diferencia hay que buscarla en el alumnado. Ahora, en septiembre, habrá estudiantes que no puedan cursar la carrera elegida porque en ella ya no quedan plazas y eso hace que se presenten a la prueba con menos interés", añaden las mismas fuentes.

En la Universidad CarlosIII ha aprobado el 63% de los 899 alumnos presentados; en la Rey Juan Carlos, el 62% (de 763); en la de Alcalá, el 61% (de 1.014); en la Autónoma, el 59% (de 2.250); en la Complutense, el 59% (de 3.019) y en la Politécnica, el 55% (280).

Los alumnos que han suspendido esta repesca, o los que estén en desacuerdo con la nota, pueden pedir la revisión de su ejercicio desde hoy hasta el próximo 2 de octubre. En junio, cuatro de cada 10 alumnos reclamaron los resultados obtenidos y un tercio logró mejorar sus calificaciones finales.

La demografía juega a favor de los estudiantes que aprueben esta repesca de septiembre. El descenso de la población en edad universitaria hace que todavía puedan matricularse en bastantes carreras. Aún quedan más de 11.400 plazas vacantes en los seis campus públicos madrileños (eso, sin contar a ese 5% de alumnos preinscritos en facultades que al final no se matriculan en ellas).

Algunas disciplinas tienen tantas plazas libres que es posible acceder a ellas con un simple aprobado, pero en las más disputadas entran los alumnos con mejores calificaciones (la selectividad cuenta el 40% frente al 60% del expediente académico). Los estudiantes saben que unas décimas pueden marcar su futuro inmediato, y por eso pujan por mejorar su nota.

La llamada nota mínima o de corte se conoce una vez que todos los estudiantes interesados en cursar una carrera han presentado su solicitud de acceso a la Universidad (cada alumno puede indicar hasta 12 titulaciones a las que desearía optar). Las plazas se van cubriendo con los alumnos que han obtenido mejores resultados lectivos. Una vez cubiertas todas las plazas, la nota de corte es la que ha obtenido el último estudiante admitido. Este procedimiento se aplica en junio y, se repite de nuevo en septiembre con las vacantes. Las carreras más demandadas son las que exigen mayores calificaciones y todas ellas llenaron sus plazas en junio. Matemáticas e Ingeniería Informática de la Autónoma es la disciplina que pide la nota de acceso más alta (8,28), seguida de dos titulaciones de la Complutense: Medicina (8,10) y Fisioterapia (7,94).

Plazas libres en Economía, Derecho, Telecomunicaciones y varias ingenierías

B. A. - Madrid

Derecho es la carrera que tiene más plazas libres ahora, en septiembre, en los campus madrileños. Pero hay otras disciplinas que pueden cursar quienes hayan superado esta repesca de la selectividad; entre ellas, ingeniero de Telecomunicaciones en la universidad Rey Juan Carlos.

- Complutense. Hay más de 3.948 plazas libres. Sobre todo en Derecho (566), Biblioteconomía y Documentación (162), Economía (157), Sociología (155), Relaciones Laborales (135), Ciencias Políticas y de la Administración (130), Gestión y Administración Pública (129), y Estadística (120).

- Autónoma. Supera las 2.051 vacantes, especialmente en Derecho (329), Química (216), Física (213), Filología Hispánica (169) e Historia (125).

- Rey Juan Carlos. Tiene 1.873 plazas libres, sobre todo en Ciencias Empresariales (450), Relaciones Laborales (369), Gestión y Administración Pública (335), Derecho (238), Economía (197) e ingeniero de Telecomunicaciones (75).

- Alcalá. Hay más de 1.433 plazas libres, especialmente en Derecho (229) y Economía (165).

- Politécnica. Cuenta con 1.127 vacantes, sobre todo en las ingenierías técnicas de Topografía (239) y Forestal (163), y en las superiores de Montes (152), Minas (128) y Agrónomo (162).

- Carlos III. En total tiene más de 974 plazas disponibles, sobre todo en Gestión y Administración Pública (151), ingeniero en Informática (133) y Humanidades (124).

30 de septiembre de 2003

“La FP resulta esencial para la competitividad de las empresas”

- ¿La formación en España responde a las exigencias del mercado?

- Cada vez se avanza más rápidamente en la adecuación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo. Pero es evidente que todavía hay muchos puestos en nuestro sistema productivo que no tienen una respuesta formativa adecuada.

- ¿Cómo se hace esa adecuación?

- Lo que se ha hecho es elaborar una oferta de títulos de Formación Profesional en la última década conforme a las necesidades productivas. Pero luego las demandas de los alumnos no responden a las de las empresas. Para que nuestra economía tenga una oferta de trabajo cualificada y sea competitiva, necesitamos formar para el empleo y orientar bien a las personas en lo que demanda el sistema. Es una labor de Estado, es una labor de todos.

- ¿Dónde están esos puestos vacantes?

- Existen muchas áreas donde necesitamos personas cualificadas. Desde luego en la familia profesional de madera y mueble, en las de fabricación mecánica, en las familias de electricidad electrónica, en las relacionadas con la informática, con las tecnologías de la información y la comunicación, en familias de gran importancia como la atención a personas mayores o a los niños, las energías renovables…

- ¿Como ha surgido la reforma de la FP?

- La FP ha experimentado un cambio muy importante en los últimos años en España. Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de títulos de grado medio y superior, y tenemos una oferta muy interesante. Pero también ha cobrado importancia la formación ocupacional y la continua. Debemos tener una FP integrada. En 1996 el Gobierno del PP impulsó un programa que fue elaborado por el Consejo Nacional de la Formación Profesional en 1997 y aprobado en 1998. Ese acuerdo recoge una idea básica, que España debía tener un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Y lo que ha hecho este ministerio, con el impulso de Pilar del Castillo, es hacer una ley que desarrolla ese programa.

- ¿El profesional español es competitivo?

- Tenemos una FP muy digna. Lo que era necesario era organización bien para optimizar los recursos que tenemos. Esto es lo que nos planteamos con la reforma. Al profesional español se le valora, pero tenemos cuestiones que hemos de mejorar, nuestros profesionales no tienen todavía un conocimiento de los idiomas que le permita una fácil movilidad, hemos de perseverar en las tecnologías de la información y la comunicación, en la formación para la prevención de riesgos laborales, hemos de formar profesionales con un espíritu empresarial importante y todos estos valores son los que tratamos de integrar en la nueva oferta de FP.

- El gran cambio que ha experimentado España en los últimos años es que la Formación Profesional empieza a ser valorada por la sociedad, por los empresarios, que reconocen que está haciendo una buena labor, las empresas para ser competitivas se apoyan en profesionales competentes. Estamos teniendo una FP muy buena porque tenemos un profesorado muy competente, permanentemente para que esté en línea con los cambios que se producen.

- ¿O sea, que la FP aspira a estar en la vanguardia de la adaptación al mercado laboral?

- Sin lugar a duda.

- Ha habido un aumento de estudiantes

- Hay un cambio importante en las cifras. Hasta hace poco tiempo existían plazas vacantes en los centros de FP y no en los institutos de Bachillerato, ahora es todo lo contrario. Existe una demanda elevadísima de plazas porque hubo un cambio en la sociedad, que ahora aprecia la FP por sus resultados. Un alumno que de FP tiene que realizar un período de formación en centros de trabajo y son muchos los que se quedan. Como media, un 70 por ciento de los alumnos encuentran empleo nada más terminar los ciclos de FP, aunque varía según especialidades. La incorporación de los alumnos a la Formación Profesional está teniendo un éxito tremendo. Ahora, cuando un alumno termina la enseñanza obligatoria o el bachillerato ya se plantea “qué hago”, antes tenían claro que iban al Bachillerato y a la Universidad. El 44,2 por ciento cuando termina la educación básica se incorpora a la FP frente al 55,8 que va a Bachillerato. Y en Europa la situación era justamente la inversa.

- ¿La FP se ha quitado el “sanbenito” de ser el lugar al que van los malos estudiantes?

- A todas las personas hay que darles oportunidades. La FP tiene que dar acceso a todos, luego tiene que ser una oferta que atienda las peculiaridades de cada cual. Habrá alumnos que podrán desarrollar una FP que le permita acceder a la universidad, que se puede, y otros que al final consiguen una buena formación para irse al empleo. Nosotros planteamos una Formación Profesional no para buenos y para malos, sino para todos, donde cada uno de acuerdo con sus circunstancias y posibilidades encuentre respuestas formativas a algo que le va a permitir incorporarse al puesto de trabajo también al nivel que le corresponda. La oferta va a ser muy variada y los estudiantes podrán elegir lo que les conviene.

- Parece claro que sobraban universitarios.

- Lamentablemente hay muchos universitarios que se incorporan a los institutos de Formación Profesional, porque encuentran más fácilmente trabajo por esa vía. Algunos, por necesidades familiares, se incorporan a puestos de trabajo que no son los adecuados, no es difícil encontrar a licenciados como conserjes o celadores. Eso significa que hay una sobrecualificación en muchos puestos y hay empresas que tienen que buscar fuera para cubrir sus plazas.

30 de septiembre de 2003

Sin embargo, la nueva realidad de la LOCE hace necesario un nuevo Programa Cuatrienal de Infraestructuras Educativas con el cual se plasmarán los centros en ejecución, se construirán los nuevos necesarios, se adecuará la red de colegios de Infantil y Primaria para atender el aumento de demanda por los movimientos migratorios, se actualizarán las infraestructuras en los centros que no han sufrido ninguna intervención desde 1996 y se adecuarán todos los centros a las nuevas exigencias de la LOCE.

Para tratar que la Comunidad Valenciana sea la primera en aplicar la LOCE, se va a presentar el Plan de Actuaciones para la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad Valenciana 2003-2007, un documento amplio en el que se diseñan las diferentes actuaciones que favorecen esta aplicación. El documento será valorado por el Consejo Escolar Valenciano.

Según explicó González Pons, el Pacse sienta las bases de una educación equitativa para el alumnado y profesionalizada para los docentes, dentro de un marco abierto para todos los miembros de la comunidad educativa. Este plan contempla la atención a la diversidad, educación intercultural e integración social. Uno de los puntos más importantes es que los alumnos inmigrantes puedan ser escolarizados de forma adecuada y equilibrada entre todos los centros docentes para evitar la formación de guetos en le futuro. “Nuestra apuesta es por un modelo de centro integrador”. Entre otros aspectos, se prevé la importancia de la Educación Plurilingüe y la consolidación de las enseñanzas de FP a través de una oferta coordinada. Las enseñanzas de régimen específico de carácter artístico, deportivo y los idiomas tendrán el tratamiento de calidad que se merecen.

En el Pacse s contempla el desarrollo de la formación para las Personas Adultas de carácter integral, que englobe no sólo el apartado profesional sino también personal. El Plan también recoge mecanismos para reforzar el prestigio social de la función docente, reconociendo la excelente labor del profesorado valenciano que cuanta con una de las mejores plantillas de su historia.

Asimismo, se recoge el proyecto para integrar en una sola red a todos los centros que atienden a los niños y niñas de 0-3 años, definiendo la normativa aplicable, las funciones y atribuciones de estos centros de Preescolar que favorezcan la atención de calidad a la infancia y la conciliación de la vida laboral y familiar.

Este plan también prevé el desarrollo de un Sistema valenciano de Software libre elaborado con la participación de la comunidad universitaria y, en general, de toda la comunidad educativa. Con respecto al tema de los centros de Educación Preescolar, va a elaborarse la normativa para la autorización, organización y funcionamiento de estos centros para dotarles de una regulación específica, potenciando la oferta pública con el fin de que en esta etapa se atienda al cien por ciento de la demanda.

También van a determinarse los requisitos mínimos que deben cumplir estos centros para respetar los ya existentes. Por ello González Pons anunció que “vamos a publicar una orden genérica de reconversión de los centros de primer ciclo de Educación Infantil, según Logse, en centros de Educación Preescolar, según la LOCE, sin olvidarnos de crear un modelo de financiación de Educación Preescolar”. En Educación Infantil, en esta Comunidad ya se han conseguido dos objetivos importantes, por una parte, la generalización de la escolarización del alumnado de preescolar, tras años antes del período que marcaba la Logse, así como la gratuidad de la enseñanza para todo el alumnado de 3, 4 y 5 años.

La necesidad de descentralizar la gestión de Primaria y Secundaria ha sido otro de los aspectos importantes, para lo que se buscará el diálogo abierto y constructivo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, partidos políticos y todas las organizaciones de nuestro sistema educativo y así aprovechar las infraestructuras educativas por toda la sociedad.

Pons ha anunciado que se va a elaborar y aplicar la normativa y la permanencia de las enseñanzas de Primer y Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en determinadas zonas rurales, diseñando el modelo de centros que ofrecerán estas enseñazas junto a las de Educación Primaria. Respecto a la FP se ha pasado a 46.000 del presente curso y de 876 ciclos formativos ofertados en 1996 a los 1.003 actuales, lo que pone de manifiesto la auténtica revolución que ha experimentado la FP en nuestra Comunidad.

González Pons ha resaltó que la actual FP, más cercana que nunca a los sectores productivos, permite disponer de un personal debidamente preparado y cualificado, facilita un equilibrio entre las necesidades profesionales y las demandas educativas y propicia

Otro de los objetivos de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte se centra en desarrollar el Plan Valenciano de Formación Profesional, aprobado por el Gobierno Valenciano en 2002 y la firme apuesta por la enseñanza en valenciano.

En el ámbito de la enseñanza universitaria, la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte afrontará dos grandes desafíos en esta legislatura; por un lado, la elaboración de la futura Ley Valenciana de Universidades y por otro reto de la convergencia europea. El primer reto es uno de los objetivos del Consejo Valenciano de Universidades, organismo que redactará las bases de la Ley General Universitaria de la Comunidad Valenciana para disponer de un primer borrador de la ley.

Entre los objetivos del Consejo Valenciano de Universidades destaca la elaboración de un estudio para plantear un mapa de titulaciones, adecuado a las necesidades del Sistema Universitario Valenciano y que esté en concordancia con la convergencia europea de 2010, desde el diálogo y el entendimiento.

Para ello, la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y las universidades contarán con un estudio, sobre oferta y demanda de titulaciones que ayudará a determinar qué carreras tiene que ofertar en un futuro cada universidad para proporcionar un abanico satisfactorio.

Con este trabajo sobre titulaciones estará todo preparado para que, cuando se establezcan los criterios de convergencia con Europa, podrá redactarse un mapa de titulaciones definitivo de la Comunidad.

Además González Pons anticipó que esa ley deben dar un marco estable de financiación, debe crear la Alta Escuela de Estudios Administrativos y debe establecer las relaciones de coordinación entre las universidades, además de afrontar la futura convergencia de titulaciones con Europa.

Ley General Universitaria y la convergencia europea están relacionadas con un definitivo impulso a la calidad y excelencia, que junto con la consolidación de nuestros sistemas universitarios, un Programa Plurianual de Financiación propio y estable y un Programa de inversiones consolidado, se reafirmará nuestra competitividad en el marco de la Unión Europea.

La Comunidad Valenciana es pionera en el establecimiento de un sistema de financiación adicional para las universidades ligado a la consecución de indicadores de calidad, habiéndose convertido su modelo de financiación se ha convertido en referente para todo el Estado.

La Comunidad asumirá la competencia sobre las pruebas de acceso a la universidad d mayores de 25 años, por lo que se ha solicitado a la Comisión que empiece a estudiar los criterios por los cuales las próximas pruebas se coordinen, se organicen y dirijan desde la Comunidad. Las Universidades trabajarán por una coordinación necesaria entre ellas para que, ahora que va a desaparecer la selectividad, el acceso a las mismas no sea un problema para los alumnos.

Otro de los proyectos que tiene que desarrollar la Ley Orgánica de Universidades (LOU) es la creación de la Universidad Libre, una iniciativa que se hará realidad aprovechando la experiencia de las otras cinco universidades que conforman el Sistema Valenciano de Universidades y las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para conseguir una auténtica igualdad de oportunidades.

La apuesta por la vertebración del espacio universitario valenciano pasa por la mejora de la movilidad de alumnos y profesores y la demanda de una estrecha colaboración entre nuestras universidades y la Administración educativa para hacer realidad el principio de igualdad respecto a la homologación de la calidad. El proceso de convergencia europea es una oportunidad única.

Por lo que respecta a las enseñanzas de Régimen Especial, el Gobierno Valenciano quiere proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales, con la implantación de las enseñanzas superiores de Arte Dramático, Música, Danza, Cerámica y Artes Plásticas y Diseño, que ya son una realidad. Asimismo, se creará una Ley de la Música y un Instituto de la Música para impulsar a las Escuelas de Música y a las entidades musicales de la Comunidad Valenciana.