Es cosa sabida que las personas de buena voluntad -y, en principio, todos los católicos lo son- deben adoptar actitudes prácticas, personales y responsables ante una situación en la que el ordenamiento jurídico permite la aberración, insensatez e injusticia del aborto y la eutanasia.

El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón, que había mandado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: Las parteras temían a Dios. Es precisamente de la obediencia a Dios -a quien sólo se debe dar aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía- de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos.

En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto". (Evangelium Vitae, nº 73).