Con bastante frecuencia se usa el término "progreso" y también el de "progresista" queriendo significar avances en la convivencia entre los hombres. Pero uno se queda perplejo cuando con el paso del tiempo descubre que una y otra vez, con machacona insistencia, estas palabras vienen aplicadas a leyes, a situaciones, a sucesos y acontecimientos que más que avance suponen un deshonroso retroceso en la cultura y en la civilización occidental. Y lo peor de todo es que casi siempre esas palabras vienen empleadas por los mismos.

A veces uno descubre con nitidez que bajo esos términos atrayentes se encierra traidoramente un camino hacia la degradación. Porque por progreso debe entenderse la tendencia hacia un fin bueno, ya que caminar hacia un fin malo es más bien un retroceso, una regresión. No es un triunfo, sino un fracaso. ¿Se podrá calificar como progreso el hecho de eliminar la vida inocente de un ser humano antes de nacer? ¿Será progreso suprimir la vida de los mayores, o de los enfermos, o de los minusválidos -todos ellos inocentes- sólo porque suponen una carga para una sociedad cada vez más egoísta y deshumanizada? Mira si es avanzada la proyección social de la Iglesia y lo que aún queda por hacer:

"Esta tarea corresponde en particular a los responsables de la vida pública. Llamados a servir al hombre y al bien común, tienen el deber de tomar decisiones valientes en favor de la vida, especialmente en el campo de las disposiciones legislativas. En un régimen democrático., donde las leyes y decisiones se adoptan sobre la base del consenso de muchos, puede atenuarse el sentido de la responsabilidad personal en la conciencia de los individuos investidos de autoridad. Pero nadie puede abdicar jamás de esta responsabilidad, sobre todo cuando se tiene un mandato legislativo o ejecutivo, que llama a responder ante Dios, ante la propia conciencia y ante la sociedad entera de decisiones eventualmente contrarias al verdadero bien común. Si las leyes no son el único instrumento para defender la vida humana, sin embargo desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres. Repito una vez más que cada norma que viola el derecho natural a la vida de un inocente es injusta y, como tal, no puede tener valor de ley. Por eso renuevo con fuerza mi llamada a todos los políticos para que no promulguen leyes que, ignorando la dignidad de la persona, minen las raíces de la misma convivencia ciudadana.

La Iglesia sabe que en el contexto de las democracias pluralistas, es difícil realizar una eficaz defensa legal de la vida por la presencia de fuertes corrientes culturales de diversa orientación. Sin embargo, movida por la certeza de que la verdad moral encuentra un eco en la intimidad de cada conciencia humana, anima a los políticos, comenzando por los cristianos, a no resignarse a adoptar aquellas decisiones que, teniendo en cuenta las posibilidades concretas, lleven a restablecer un orden justo en la afirmación y promoción del valor de la vida. En esta perspectiva, es necesario poner de relieve que no basta con eliminar las leyes inicuas. Hay que eliminar las causas que favorecen los atentados contra la vida, asegurando sobre todo el apoyo debido a la familia y a la maternidad: la política familiar debe ser el eje y motor de todas las políticas sociales. Por tanto, es necesario promover iniciativas sociales y legislativas capaces de garantizar condiciones de auténtica libertad de decisión sobre la paternidad y la maternidad; además es necesario replantear las políticas laborales, urbanísticas, de vivienda y de servicios para que se puedan conciliar entre sí los horarios de trabajo y los de la familia, y sea efectivamente posible la atención a los niños y a los ancianos". (Evangelium Vitae, nº 60).